Dinámica política del juego democrático argentino
Gobernabilidad: ¿Viveza y corrupción?
La venta de armas a Ecuador y Croacia, a cargo de Carlos Saúl Menem; la ley de Flexibilización Laboral, de Fernando de la Rúa; y el caso Skanska, de Néstor Kirchner, son tres de los episodios más relevantes que protagonizó Argentina. Además, dejaron importantes secuelas y reflejaron la naturaleza de la disputa por el poder en una sociedad.
Argentina participó en incontables escándalos políticos. Los resonantes hechos de corrupción que afectan la imagen de hombres o actores públicos forman parte, desde la segunda mitad del siglo pasado, de la dinámica de las democracias modernas. Para muchos es fácil gobernar y, para otros, alborotar el gobierno. Pero está claro que ninguna sociedad sale indemne de escándalos sin resolver.
Ventas de armas a Ecuador y Croacia
La venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador fue durante el gobierno de Carlos Saúl Menem: se estima que traficaron 6 mil quinientas toneladas de armas y municiones. Por un lado, Croacia tenía un conflicto con la antigua Yugoslavia y, en contraparte, Ecuador con Perú. Vale aclarar que Argentina era garante de paz del Tratado de Río de Janeiro, con lo cual incumplió su compromiso internacional y faltó con sus obligaciones del derecho internacional.
La causa judicial se inició en marzo de 1995 por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, en base a una investigación del diario Clarín. Tras la confesión de Luis Sarlenga, ex interventor de Fabricaciones Militares, en junio de 2001, el entonces juez Jorge Urso procesó y envió a prisión domiciliaria a Menem. Seis meses más tarde, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo absolutorio para que el ex presidente recupere su libertad. Sin embargo, durante el 2007 fue nuevamente procesado por el juez Rafael Caputo, quien le impidió salir del país. El ex mandatario no pudo ir a prisión preventiva ya que es senador de la provincia de La Rioja lo cual, según los fueros legislativos, impide su detención.
Menem, imputado junto a otras 17 personas, argumentó problemas de salud y no pudo asistir a las audiencias. No obstante, los miembros del tribunal dijeron que debe estar presente cuando se lea la sentencia. En el caso de que el juez los declare culpables, podrían ser condenados a penas de entre 2 y 12 años de prisión.
La venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador fue durante el gobierno de Carlos Saúl Menem: se estima que traficaron 6 mil quinientas toneladas de armas y municiones. Por un lado, Croacia tenía un conflicto con la antigua Yugoslavia y, en contraparte, Ecuador con Perú. Vale aclarar que Argentina era garante de paz del Tratado de Río de Janeiro, con lo cual incumplió su compromiso internacional y faltó con sus obligaciones del derecho internacional.
La causa judicial se inició en marzo de 1995 por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, en base a una investigación del diario Clarín. Tras la confesión de Luis Sarlenga, ex interventor de Fabricaciones Militares, en junio de 2001, el entonces juez Jorge Urso procesó y envió a prisión domiciliaria a Menem. Seis meses más tarde, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo absolutorio para que el ex presidente recupere su libertad. Sin embargo, durante el 2007 fue nuevamente procesado por el juez Rafael Caputo, quien le impidió salir del país. El ex mandatario no pudo ir a prisión preventiva ya que es senador de la provincia de La Rioja lo cual, según los fueros legislativos, impide su detención.
Menem, imputado junto a otras 17 personas, argumentó problemas de salud y no pudo asistir a las audiencias. No obstante, los miembros del tribunal dijeron que debe estar presente cuando se lea la sentencia. En el caso de que el juez los declare culpables, podrían ser condenados a penas de entre 2 y 12 años de prisión.
Ley de Flexibilización Laboral
La ley de Flexibilización Laboral fue el principio del fin de la presidencia de Fernando de la Rúa. Todo empezó cuando el Senado, con audiencia pública, aprobó la ley el 26 de abril de 2000, que tenía como objetivo debilitar el poder de las organizaciones sindicales, extender el período de prueba de los trabajadores y finalizar con la renovación indefinida de los convenios.
Hugo Moyano, el entonces dirigente camionero, fue el primero en acusar que el gobierno "había usado la Banelco" para coimear a los senadores, pero mientras tanto la ley seguía su curso en el Congreso hacia una futura sanción. Por otro carril, Fernando Santibañes, el entonces funcionario de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), repartió 5 millones de pesos a senadores peronistas, con ayuda del ex secretario parlamentario, Mario Pontaquarto. El incidente salió a la luz a mediados de 2000, cuando el ex vicepresidente Carlos Álvarez divulgó detalles de la maniobra. Cinco años después, Pontaquarto confesó haber sido el "valijero".
El caso fue elevado a juicio por el juez federal Daniel Rafecas: arrastró consigo a un gobierno, desencadenó una crisis institucional y provocó la renuncia de Carlos Álvarez y de Fernando de la Rúa. Hoy, el ex presidente se encuentra en espera del juicio oral. La supuesta compra de voluntades para impulsar una reforma laboral todavía no tiene inocentes ni culpables; ni juicio ni condenas.
La ley de Flexibilización Laboral fue el principio del fin de la presidencia de Fernando de la Rúa. Todo empezó cuando el Senado, con audiencia pública, aprobó la ley el 26 de abril de 2000, que tenía como objetivo debilitar el poder de las organizaciones sindicales, extender el período de prueba de los trabajadores y finalizar con la renovación indefinida de los convenios.
Hugo Moyano, el entonces dirigente camionero, fue el primero en acusar que el gobierno "había usado la Banelco" para coimear a los senadores, pero mientras tanto la ley seguía su curso en el Congreso hacia una futura sanción. Por otro carril, Fernando Santibañes, el entonces funcionario de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), repartió 5 millones de pesos a senadores peronistas, con ayuda del ex secretario parlamentario, Mario Pontaquarto. El incidente salió a la luz a mediados de 2000, cuando el ex vicepresidente Carlos Álvarez divulgó detalles de la maniobra. Cinco años después, Pontaquarto confesó haber sido el "valijero".
El caso fue elevado a juicio por el juez federal Daniel Rafecas: arrastró consigo a un gobierno, desencadenó una crisis institucional y provocó la renuncia de Carlos Álvarez y de Fernando de la Rúa. Hoy, el ex presidente se encuentra en espera del juicio oral. La supuesta compra de voluntades para impulsar una reforma laboral todavía no tiene inocentes ni culpables; ni juicio ni condenas.
Caso Skanska
El caso Skanska se refiere al pago de sobreprecios en el año 2005 por parte de la empresa sueca, en el contexto de un proyecto que consistía en la construcción de dos gasoductos en Argentina. Transportadora Gas del Norte, la compañía gerenciadora, le indicó al Ente Nacional Regulador del Gas sobre la existencia de estos sobreprecios. La denuncia se hizo pública gracias a una investigación del diario Perfil a fines del 2006 y la causa fue tomada por el juez Javier López Biscayart, el cual logró probar la existencia de empresas fantasmas.
Tras la comprobación de que varios ejecutivos habían pagado comisiones indebidas, fueron despedidos, procesados y puestos en prisión 7 diligentes. Los diputados de la oposición pidieron que la investigación se extendiera hacia funcionarios del gobierno del por entonces presidente Néstor Kirchner: la respuesta fue un pedido del ministro del interior Aníbal Fernández de solicitar la remoción de la causa.
El avance ha sido satisfactorio: procesaron a ex directivos de la compañía y al ex titular del Banco Nación, Néstor Ulloa. Sin embargo, la causa por administración fraudulenta y cohecho llevada a cabo por el Juez Federal Norberto Oyarbide, no registra avances a pesar de que Ulloa junto con otros funcionarios fueron citados a declarar.
El caso Skanska se refiere al pago de sobreprecios en el año 2005 por parte de la empresa sueca, en el contexto de un proyecto que consistía en la construcción de dos gasoductos en Argentina. Transportadora Gas del Norte, la compañía gerenciadora, le indicó al Ente Nacional Regulador del Gas sobre la existencia de estos sobreprecios. La denuncia se hizo pública gracias a una investigación del diario Perfil a fines del 2006 y la causa fue tomada por el juez Javier López Biscayart, el cual logró probar la existencia de empresas fantasmas.
Tras la comprobación de que varios ejecutivos habían pagado comisiones indebidas, fueron despedidos, procesados y puestos en prisión 7 diligentes. Los diputados de la oposición pidieron que la investigación se extendiera hacia funcionarios del gobierno del por entonces presidente Néstor Kirchner: la respuesta fue un pedido del ministro del interior Aníbal Fernández de solicitar la remoción de la causa.
El avance ha sido satisfactorio: procesaron a ex directivos de la compañía y al ex titular del Banco Nación, Néstor Ulloa. Sin embargo, la causa por administración fraudulenta y cohecho llevada a cabo por el Juez Federal Norberto Oyarbide, no registra avances a pesar de que Ulloa junto con otros funcionarios fueron citados a declarar.
Escándalos políticos
Los escándalos reflejan la naturaleza de la disputa por el poder en una sociedad dada. Los que no se resuelven adecuadamente, es decir, aquellos en los que la indignación ciudadana no se canaliza a través de respuestas claras por parte de las instituciones o autoridades afectadas poseen consecuencias negativas que pueden poner en cuestión la organización de la democracia representativa. Si los organismos que gestionan la representatividad no proporcionan una adecuada respuesta a las expectativas de la sociedad escandalizada se compromete la legitimidad del sistema político en su conjunto. En definitiva, ninguna sociedad democrática sale indemne de una serie de escándalos sin resolver.
Los escándalos reflejan la naturaleza de la disputa por el poder en una sociedad dada. Los que no se resuelven adecuadamente, es decir, aquellos en los que la indignación ciudadana no se canaliza a través de respuestas claras por parte de las instituciones o autoridades afectadas poseen consecuencias negativas que pueden poner en cuestión la organización de la democracia representativa. Si los organismos que gestionan la representatividad no proporcionan una adecuada respuesta a las expectativas de la sociedad escandalizada se compromete la legitimidad del sistema político en su conjunto. En definitiva, ninguna sociedad democrática sale indemne de una serie de escándalos sin resolver.
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